La Agencia Española de Protección de Datos desestima las alegaciones del Buscador que afirmaba que: “Google no puede bloquear la aparición de ciertos contenidos sino que tiene que ser el webmaster que instale ciertas etiquetas para evitar ser rastreadas por el googlebot…”. Google deberá suprimir los datos personales en sus resultados de búsqueda, de aquellos que lo soliciten,  e impedir que en el futuro vuelvan a indexarse.

El año pasado Roberto descubrió que buscando su nombre en Google aparecían varios resultados vinculados a una deuda dineraria, correspondientes a la incorporación en un Boletín Oficial de la publicación de un edicto judicial.

Mediante burofax, Roberto solicitó a Google a que retirara esa información de los resultados de búsqueda, alegando la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero no obtuvo ninguna respuesta.

Así que inició el correspondiente procedimiento de tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que consiste, en síntesis, en solicitar a este organismo que requiera a Google una respuesta en relación a la petición de Roberto, y llegado el caso, la ejecute.

Ante los requerimientos de la AEPD Google sí respondió, alegando que:

Como puede verse, Google se limita a decir que ellos no pueden decidir qué elementos integran los resultados de sus búsquedas, y que queda al arbitrio del webmaster decidir si su contenido podrá o no ser indexado por el buscador.
Y además advierte, que lo único que Google podría hacer es bloquear la aparición de un website, pero que en cualquier caso volverá a ser indexado en la siguiente acción del googlebot.

La AEPD invoca entonces en primer lugar el artículo 17 de la LSSI:

El órgano competente que se menciona en el segundo párrafo es en este caso la AEPD y afirma ésta que los datos personales obtenidos por Google afectan a la dignidad de la persona y pueden lesionar derechos de un tercero, por lo que como órgano competente para velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, puede requerir al responsable del tratamiento de los datos, la adopción de medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de los datos a las disposiciones de la LOPD.

En definitiva, debe estimarse la procedencia de evitar que el tratamiento por parte de un buscador tenga efectos no deseados con carácter permanente en contra de la voluntad del afectado, de forma que la AEPD insta a Google para que retire los datos personales de los resultados de búsqueda.

Yo sin embargo iría algo más lejos: si a Google se le va a aplicar la LOPD ¿por qué no se le exige que recabe el consentimiento de todas las personas de las que indexa sus datos personales y luego los ofrecen en formato de consultas en su buscador?. Con la Ley en la mano así debería ser.
Sin embargo, la AEPD, con una pirueta interpretativa, entiende de aplicación preferente el Considerando 45 de la Directiva europea de la que emana la LOPD, que afirma:

Y digo que aplica este Considerando de forma preferente en relación al propio artículo 6 de la LOPD, que indica cuales son los supuestos en los que no se necesitará el consentimiento de las personas para el tratamiento de sus datos personales:

Si el legislador nacional hubiera querido trasponer lo que el Considerando 45 prevé, lo habría hecho en este artículo 6, pero sin embargo, no haciéndolo, un servidor entiende que nuestro legislador está ejerciendo la facultad que le otorga ese Considerando 45 cuando dice al final que “los Estados miembros tienen, no obstante, la posibilidad de establecer disposiciones nacionales contrarias”.
Pues bien, esto es lo que creo que nuestro legislador hizo: no permitir que por “interés legítimo” pueda tratarse datos personales sin consentimiento.
Pero claro, entender esta teoría colocaría en una posición muy complicada a determinados buscadores en Internet…