Los sistemas de videovigilancia que simplemente reproduzcan en un monitor las imágenes captadas por las cámaras no están obligadas a respetar la normativa de protección de datos ya que no le es de aplicación.
Esta es la primera consecuencia lógica de aplicar la ya consolidada doctrina del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional de entender que si no existe un fichero de datos, sea manual o automatizado, la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) no entra en juego.
No es mi intención citar toda la jurisprudencia al respecto, simplemente y modo de ejemplo voy a citar las consideraciones de la Audiencia Nacional en un caso cualquiera, como el resulto allá por 2004 en el Recurso 721/2002, donde la Audiencia afirmaba que:
«aunque la definición legal de tratamiento de datos de carácter personal incluye tanto la recogida como la grabación, en este caso concreto no ha existido un tratamiento de datos incardinable o comprendido en el ámbito de la normativa sobre protección de datos de carácter personal dado que los datos recogidos por el empleado de la Caja Rural no dieron lugar a un fichero estructurado ni fueron recopilados con esa finalidad.»
Y concluye la Audiencia Nacional en estimar que al no existir fichero (o no constar prueba del mismo) la LOPD no es de aplicación.
Aquí también podemos traer a colación todas las Sentencias del Tribunal Supremo desestimando la cancelación de datos personales en los libros de bautismo de las parroquias por no constituir éstos ficheros de datos personales a efectos de la LOPD y por tanto, insisto, no entra en juego dicha normativa.
Pues bien, volviendo al tema de las videocámaras. Por todos es sabido que existen esencialmente dos clases: las que graban las imágenes en unos ficheros y las que simplemente las reproducen en un monitor. Continuando con la doctrina anterior, asumida por la propia Agencia Española de Protección de Datos, este último tipo, las que no generan fichero, no se encontrarían sometidas a la LOPD.
¿Qué consecuencias puede tener esto?
A mí se me ocurren algunas:
- Para empezar, no sería exigible cumplir con el artículo 5.1 de la LOPD ni por supuesto con el 3 de la Instrucción 1/2006 sobre Videovigilancia. Estos artículos obligan a informar de la existencia de videocámaras y del responsable del mismo.
- Tampoco sería exigible contar con el consentimiento de las personas que pudieran aparecer en estas imágenes, en el caso de que éste fuera necesario. Así por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos no podría sancionarme si instalo una cámara enfocando a la ventana de mi vecina que no tiene cortinas, reproduciendo lo que capte por la mañana y por la noche, ya sea en mi televisión o por circuito cerrado a todo el edificio, o por mi webcam a mis colegas.
- Y por supuesto, aunque mi sistema de videocámaras generase ficheros de video, siempre podría borrarlos antes de que llegasen los inspectores.
Por suerte, la LOPD no es la única ley que protege la captación de la propia imagen (en mi opinión es que nunca debería haberlo hecho), la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, extiende un manto protector sobre nuestra imagen, así, el artículo séptimo de esta ley determina que tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en la intimidad de las personas:
«El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.
La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos…»
Pero claro, a efectos de denuncia, no es lo mismo la comodidad y gratuidad de la Agencia Española de Protección de Datos que la jurisdicción ordinaria…


