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La efectividad de las resoluciones de la AEPD en las Administraciones Públicas

De sobra es por todos conocidos la dureza de las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
Por ejemplo, que un particular publique datos personales en Internet sin el consentimiento correspondiente, puede suponer una multa de 300.000 euros tranquilamente.

Estas multas pretenden tener un carácter educador – educación que recibirá el infractor en su bolsillo – y con toda seguridad tendrá más cuidado en el futuro, además de abstenerse en su conducta ilícita.

Ahora bien, no es lo mismo que quien incurra en infracción sea un particular o una empresa, que una Administración Pública; mientras que los primeros tendrán una buena educación pecuniaria, los segundos, esto es, por ejemplo, Ayuntamientos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Ministerios, etc, tendrán una educación diferente.
Y es que, a la Administraciones Pública no se les sanciona con una multa económica como al resto, sino una mera declaración de infracción. ¿Qué significa esto de declaración de infracción?; pues significa que si quien publica datos en Internet es una Administración Pública, no será sancionada con 300.000 euros de multa, sino que simplemente se dejará constancia por escrito de que se ha incurrido en una infracción muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y ya está.

Esto siempre me ha llevado a pensar si realmente la Administración se va a tomar en serio alguna vez lo de la protección de datos; yo creía que no, pero hasta ahora no había encontrado ninguna prueba clara al respecto.