Sobre el autor

Samuel Parra

Experto en privacidad y protección de datos de carácter personal. 14 años de experiencia en el sector.

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13 comentarios

  1. 13

    Samuel

    Hola Sergio, Julián y David, gracias por pasaros por aquí y compartir vuestra experiencia sin duda de notoria importancia.

    Dos cuestiones distintas veo aquí: la primera relativa a si la LSSI-CE se aplica o no a las AAPP. Mi criterio sigue al de Julián, desde luego que se aplica, yo al menos no encuentro ninguna disposición legal que me diga lo contrario; y es que además, si estamos aplicando el resto de textos legislativos en la materia a las AAPP ¿por qué la LSSI-CE no? ¿ por qué el régimen de responsabilidad no?… ¿acaso se excluye en algún sitio esta responsabilidad de las AAPP respecto a la LSSI-CE?, yo no lo encuentro.

    Y la otra cuestión es la referida a la “actividad económica”, “título oneroso” o como lo queramos llamar, necesaria para aplicar la LSSI-CE.
    En este sentido discrepo de David; a decir verdad, la exposición de motivos de una Ley casi nunca la leo desde hace tiempo, precisamente porque muchas veces, la exposición de motivos expresa una idea, un concepto o una reflexión, que luego, en el cuerpo artículado (lo que es la Ley realmente) o no se encuentra o precisamente, esa idea, ese concepto, o esa reflexión es contraria.
    Por tanto, lo que me diga la exposición de motivos, para mí, no tienen ningún valor legal ni tampoco me voy a dejar guiar por ella.

    Llegados a este punto, seguis sin convencerme de la necesaria “actividad económica” (directa o indirecta) o de la interpretación que le dais al “normalmente a título oneroso” respecto a la definición de “servicio de la sociedad de la información”.
    A falta de un argumento más sólido que podais mostrarme, para mí, el “normalmente” es lo que ya he comentado: que habitualmente es oneroso el servicio, pero que no es necesario que lo sea. Entiendo que si el legislador hubiera querido dejar claro el requisito de “oneroso”, o bien no habría puesto la palabra “normalmente”, y por tanto, la definición quedaría “todo servicio prestado a título oneroso” o bien habría precisado incluyendo un “en todo caso”, o “expresamente”.

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  2. 12

    David

    Copiado y pegado de la Exposición de motivos de la LSSICE:

    “Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de servicios de la sociedad de la información, que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, […] así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio…), siempre que represente una actividad económica para el prestador.”

    Si a alguien no le queda claro, de que sólo las paginas web que sean una actividad económica para el prestador entran dentro del ámbito de aplicación de la norma, ya no se que más decir.

    No confundir actividad económica con prestación económica, puesto que son cosas que no tienen nada que ver.

    Un saludo.

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  3. 11

    Julián

    Buenas:

    Efectivamente, Sergio, esa es la clave. Precisamente, hace unos meses tuve ocasión de participar junto con Miquel Pequera en una jornada en la UOC donde, entre otras razones, aduje el criterio de la Directiva que citas. Ahora bien, lo cierto es que hay otras razones para apoyar el criterio de Samuel.

    Aunque no creo que proceda entrar en un debate exhaustivo y pormenorizado (si llega el caso, con mucho gusto lo haría), sí me gustaría resumir algunas de las razones que apunto en uno de mis trabajos (“Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la prestación de servicios de la sociedad de la información”, en el libro coordinado por S. Cavanillas, “Deberes y responsabilidades de los servidores de acceso y alojamiento”, Comares, 2005, págs. 123 a 141):
    – la Directiva y la Ley española tienen un objeto, alcance y ámbito de aplicación distinto: nada impide que el legislador español tenga un concepto más amplio de servicios de la sociedad de la información, siempre que establezca el régimen jurídico previsto a nivel comunitario para los servicios que la UE sí considera como tales;
    – la propia LSSI se refiere en algunos de sus preceptos a las AAPP, luego, si no dice nada (excluyendo) para el régimen de responsabilidad habría que aplicárselo;
    – ¿es que no se aplica a una AP el régimen de interrupción de los servicios o el deber de retención de los datos de tráfico? En caso de respuesta negativa, ¿entonces cómo perseguimos los delitos graves en los que se utilicen las redes de las Universidades o los Ayuntamientos (que suelen tener aulas de libre acceso)?

    Saludos

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  4. 10

    Sergio Carrasco

    Hola Samuel,

    El tema del “prestado normalmente a título oneroso” puede ser objeto de mayor o menor interpretación, pero no quiere decir que sea a veces a título oneroso y otras veces no aparezca ninguna característica que nos pueda entender que obtiene ningún beneficio. En un comentario que me dejó Miguel Peguera en un post que hice hace un tiempo me recordó el considerando 19 de la Directiva 98/48/CE que dice: por servicios se ha de entender, con arreglo al artículo 60 del Tratado, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración. Así, ese normalmente corresponde a la interpretación que el TJCE ha hecho precisamente del “normalmente a título oneroso”, es decir, que puede percibir prestaciones indirectas como puede ser por publicidad y aún ásí verse englobada por la LSSICE. Lo que está claro es que hay que tener en cuenta muchas cosas cuando hablamos de una Ley.

    Un saludo

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  5. 9

    Samuel

    Hola Sergio. Un placer tenerte por aquí.
    Me gustaría apuntar que yo sí entiendo que es de aplicación la LSSI. Tú mismo lo has citado, tanto la Directiva como la propia Ley, hablan de “… servicio prestado normalmente a título oneroso”. Dice “normalmente”, por lo tanto, el requisito “oneroso” puede o no concurrir para aplicar la LSSI.
    Si el legislador hubiera querido ceñir el ámbito de aplicación de esta Ley a las relaciones onerosas, habría quitado el “normalmente” y habría dicho “a título oneroso”. Pero en este caso entiende que unas veces podrás ser a título oneroso y otras no…

    Todo esto deberemos completarlo, por nuestra seguridad (seguridad jurídica) con las interpretaciones que vayan haciendo los jueces… que aunque no se enteren mucho, no podemos obviarlas.

    Hasta pronto !!.

    Responder
  6. 8

    Sergio Carrasco

    La verdad es que es un caso que puede resultar curioso, aunque yo lo veo desde otro punto de vista.

    Por un lado, no veo tan clara la aplicación de la LSSICE como dices. En este caso, ni el blog de Ricardo Galli ni la actividad de prestación de servicios de la UIB se pueden englobar dentro de los servicios de la sociedad de la información, ni de acuerdo con la definición de la propia LSSI (todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario) ni de acuerdo a la Directiva de transparencia (todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios» (Cfr. art. 1.2) Directiva 98/34/CE, modificada por la Directiva 98/48/CE). En ambos casos encontramos la necesidad de una actividad económica, actividad que no podemos encontrar ni tan siquiera de forma indirecta en la prestación del servicio a Ricardo Galli, lo que nos lleva al tema con el que coincido con David Maeztu en relación a su aplicación en casos en los cuales no le corresponde.

    El problema es que en muchos casos se tiende a utilizar la LSSICE como arma en todo tipo de procesos relacionados con Internet (tanto con los derechos como con los deberes), y en algunos casos con consecuencias cuestionables. Ahora bien, sí que puede llegar a resultar aplicable por analogía en determinados casos, e incluso la remisión al régimen ordinario de responsabilidad por actos de terceros supondría la no responsabilidad de la UIB.

    Por otro lado, el bloqueo puede obedecer a varios hechos. En el caso de la cuenta que tengo personalmente en la CAIB, su uso está restringido a funciones relacionadas con mi puesto de trabajo (quitando la tolerancia de determinados usos privados del correo electrónico, esos se dan también por supuestos). Habría que ver las condiciones en que se prestaba la conexión a ese subdominio (pensemos en que es posible que se concediese para la información y un blog relacionado con la actividad docente que prestaba en la UIB), lo cual podría suponer que en determinados casos deberíamos hablar de incumplimiento contractual (habría que analizar el caso en profundidad para responder correctamente).

    Y que conste que igualmente pienso que una actuación del tipo que inició la UIB debería ser solo para los casos más extremos, y no tomarse simplemente por deseo de contentar a nadie (si realmente ha sido así).

    Un saludo,

    Sergio Carrasco

    Responder
  7. 7

    Angel

    Galli expresa su opinión, pero acusando a este supuesto ‘experto’ de fraude por unos enlaces en el código HTML de una de sus webs…

    No da opción a réplica ni a aclaraciones por parte de la otra persona, y se limita a acusar gratuitamente, llegando a conclusiones faltas de todo fundamento…

    En todo momento ejerce su derecho a a la libertad de expresión, pero se olvida de que ese derecho también conlleva consecuencias cuando levanta acusaciones contra otra persona…

    Dado que esa entrada no tiene absolutamente nada que ver con su actividad docente, no veo mal que la Universidad le pida que retire la misma, no veo qué tiene eso que ver con su ‘derecho de cátedra’…

    Lo gracioso es que aquí todos aluden a la ‘Libertad de Expresión’, haciendo mención únicamente a su primer artículo… pero no van más allá y parecen olvidar el segundo:

    “2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

    a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o

    b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”

    Responder
  8. 6

    Demian

    Samuel: lo siento, no volverá a pasar…
    Es que me he cegado ante tanta tontería.
    Mil perdones por el exabrupto.

    Responder
  9. 5

    Varniaca

    No debemos olvidar que ,-aunque el derecho de rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, es sólo un medio de que dispone la persona aludida para evitar el perjuicio que una determinada información puede ocasionarle si considera que los hechos lesivos mencionados en la misma no son exactos-, la réplica contenida en ese precepto sólo entra en juego en la medida en que lo que se pretende rectificar son hechos y no opiniones (STC 168/1986) y el Sr.Galli hasta la fecha que sepamos, no está obligado a retirar tales comentarios, porque lo dice al igual que ocurre respecto a la replica nuestro más alto tribunal, el Constitucional.

    Responder
  10. 4

    Samuel

    Os ruego mantengamos el respeto; podemos dialogar educadamente sobre nuestros diferentes puntos de vista, pero procurando no caer en insultos y demás palabras inapropiadas.

    Responder
  11. 3

    Demian

    Abednego: No se quien eres, pero si creo dos cosas:

    – Creo que eres mala gente: acusas sin dar tu nombre y apellido (al menos yo sí se quien es Ricardo Galli). Solo vienes a soltar 4 cosas supuestamente serias y no dices nada más que Ricardo Galli es un farsante (lo pones en la primera línea y no lo sustentas con nada). Eso es de mala gente.

    -Creo que dices gilipolleces y eres un gilipollas. Un resentido de poca monta, sin trascendencia y con mucho veneno en lugar de sangre.

    Y no creas que esto es una defensa de Galli de tu ataque, es simplemente mi opinión a tus criticas destructivas y poco edificantes. No me gusta la gente que en lugar de discutir sanamente se dedica a acusar sin sustento.

    Que te garúe finito.

    Responder
  12. 2

    Abednego

    La farsa es un nuevo grado de coherencia. Presentarse como victima de una persecución y de una falta de libertad de expresión, y al mismo tiempo negar el derecho a replica a un aludido en igualdad de condiciones. Y cuando la rectora le recuerda la obligación de la universidad de otorgar ese derecho en el mismo ambito público, aceptado comúnmente en la comunidad académica como cortesía, negarse en redondo, y largarse dando portazo – del servidor académico, que esa asfixiante falta de libertad de expresión no le impida seguir cobrando la nomina – y escenificando una vulneración de susderechos y casi un linchamiento público de la rectora …

    Y claro, ¿ahora quién le rechista a ese profesor? porque disponiendo de un medio de comunicación administrado en exclusiva se presenta como alguien que esta más allá de todo cuestionamiento y decide quién, y quién no, ejerce ese derecho según marca la ley, es decir en la misma portada de del blog alojado por un departamento académico.

    Ley Orgánica 2/1984, reguladora del Derecho de réplica, que desarrolla el artículo 20.4 de la Constitución, sobre los límites a la libertad de expresión e información.

    Artículo Primero.

    Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.

    (…)

    Artículo Tercero.

    Siempre que el derecho se ejercite de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres dias siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.

    (…)

    Señor profesor, si alguien le impide ejercer su libertad de cátedra denúncielo en las instancias adecuadas, pero no le tome el pelo a los incautos, ni chantajee a toda la comunidad académica desde la tribuna que le brinda la universidad.

    O mucho peor; tergiversar el sentido de una demanda legitima, pretender imponer su criterio amparándose en el departamento legal de la universidad, y limitar el derecho de acceder libremente al conocimiento y recibir una información contrastada.

    Solo una universidad española tiene las tragaderas suficientes para tolerar ser acusada de censura o limitar la libertad de cátedra, o de expresión, de un profesor sin que el acusador aporte ninguna prueba, ni base, y encima soportar que los acólitos de ese iluminado denigren la institución en los mentideros de Internet para evitar que la propia UIB recurriese a mayores.

    http://ciberderechos.barrapunto.com/article.pl?sid=03/06/16/151251.

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0072:01:ES:HTML

    http://derechoynormas.blogspot.com/2007/02/derecho-de-rectificacin-y-rplica-en-los.html

    http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n17/17evillanueva.html

    http://lanavajaenelojo.blogspot.com/2006/04/derecho-rplica.html

    http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2s1

    http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1984.html

    Ningún departamento legal de ninguna universidad avalaría la conducta de Galli, ante su negativa a ceder un espacio de replica en una publicación administrativamente dependiente de la UIB, y esa falta de encubrimiento legal por la universidad es la sensación de deslealtad a su persona que le lleva a abandonar el servidor : “si me comunican que no pueden poner el servicio legal a mi disposición y de mis desmanes ¿para qué me sirve la Universidad?”

    Del trasiego de IP’s, y datos protegidos de sus “Perseguidores” en el Parc Cientific para justificar su opinión de la calidad humana y honor del aludido, mejor dejarlo. Primero pone en la picota a la UIB, y luego se pasa por el forro la LOPD para seguir “sosteniéndola”. Gran ética la de este prohombre.

    Mi apreciación personal es que esas marrullerías son indignas en un profesor universitario y no tienen justificación posible.

    “La verdad está en marcha y nada la detendrá”. Émile Zola.

    Responder
  13. 1

    guillem

    Gracias por dar una base legal más sólida a lo que muchos ya intuiamos :-)

    De todas formas lo triste es que creo que pasa lo mismo que con las descargas privadas de canciones sin ánimo de lucro: es legal, pero los medios insinuan que no y mucha gente se lo cree.

    Yo ya me he encontrado en grupos de gente defendiendo la postura de Ricardo (sin éxito, pero con ganas y durante bastante tiempo) en proporción de 1 contra 7. Importa lo que diga la ley, por supuesto, pero… qué hay de la actitud de la sociedad y de las medias verdades que se dicen para influirla dia a dia?

    Responder

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