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En 2001, con motivo de la denominada operación “Mediterráneo”, se detuvo a D. X.X.X., a quien se le incautaron 2 ordenadores y una cámara fotográfica por parte de la Guardia Civil para su estudio.

D. X.X.X. fue condenado a un año de prisión como cómplice de un delito contra la salud pública. Saldada su deuda con la justicia, consiguió que en 2005 se ordenase la devolución de su material incautado.
Con los ordenadores y la cámara en su poder, intentó recuperar sus antiguos documentos utilizando alguna aplicación de recuperación de ficheros, y lo cierto es que la aplicación debió funcionar bien porque recuperó cientos de documentos confidenciales de investigaciones de la Guardia Civil en relación a seguimientos de sospechosos y escuchas telefónicas entre otras cosas. Además, en la tarjeta de memoria de la cámara encontró decenas de fotografías de investigados y sospechosos.

Resulta evidente que el material informático fue utilizado por la Guardia Civil durante el tiempo que permaneció incautado, y que una vez devuelto no tuvieron las diligencias oportunas para evitar el recuperado de información, y que por otra parte no cumplía con las medidas de seguridad exigidas por ley porque, según manifestaciones de la Guardia Civil, esos ordenadores no fueron conectados a la red corporativa y por tanto no era necesario instalar medidas de seguridad.

En abril de 2008, la Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado al respecto, declarando que la Guardia Civil ha incurrido en una infracción muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

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