A más de uno le habrá pasado que se ha encontrado su coche o motocicleta con algún desperfecto después de estar estacionado en un aparcamiento privado.
Por lo general, los aparcamientos privados suelen disponer de un sistema de circuito cerrado de televisión, donde graban el interior del aparcamiento por motivos de seguridad.
Desde la aparición de la Instrucción 1/2006 sobre video vigilancia de la Agencia Española de Protección de Datos es cada vez más frecuentes encontrar carteles como este, donde podemos leer la dirección de la empresa responsable a la cual podemos dirigirnos para ejercer nuestros derechos, que son el acceso, rectificación, cancelación y oposición.
El que nos interesa en este caso es el de «acceso«; la empresa responsable de las videograbaciones nos informa donde debemos dirigirnos si queremos ejercer nuestro derecho de acceso, pero ¿qué significa exactamente ejercer el derecho de acceso? ¿Implica acceder al contenido de las grabaciones?. Por tanto ¿podemos exigir a la empresa una copia de la grabación para identificar al vehículo o usuario que nos haya producido los daños?.
En primer lugar debemos definir qué se entiende por «derecho de acceso» y cuál es el contenido a efectos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El artículo 15 nos indica:
“El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.
Respecto al derecho de acceso podríamos hablar mucho, pero en este caso concreto debemos prestar especial atención al ámbito del mismo; la Ley hace referencia a nuestro derecho a obtener la información que haya sido grabada por las cámaras, pero sólo la información de carácter personal. Y además, no cualquier información personal, sino la que haga referencia a nosotros mismos, al que ejerce el derecho (este matiz es el que determina colocar en el artículo 15 la palabra «… sus datos».).
Por tanto podemos hablar de dos límites:
- 1- Por un lado que el derecho de acceso debe hacer referencia a datos personales, excluyendo por tanto toda aquella información que no sea estrictamente personal: por ejemplo, no es objeto de este derecho exigir que nos faciliten el momento de la grabación en el que se vea como una gotera salpica nuestro coche.
- 2- Que esa información personal tiene que ser relativa a nuestra persona y no la de un tercero; el usuario que ejerza el derecho de acceso, deberá solicitarlo para su propia imagen. Por ejemplo, no sería válido ejercer el derecho de acceso para solicitar la grabación del momento en el que se vea entrar al vecino.
Expuesto esto, ya nos podemos hacer una idea de que por la vía del ejercicio del derecho de acceso que reconoce la Ley Orgánica de Protección de Datos, en efecto, no vamos a poder exigir a un aparcamiento que nos faciliten las grabaciones donde se visualice el momento en el que se dañaba nuestro vehículo, precisamente porque la información que estamos solicitando no es de carácter personal.
Un coche no identifica a ninguna persona (podría hacerlo la matrícula en todo caso). Pero es que aunque admitiésemos que el vehículo llevase la matrícula visible en la grabación, esa información personal no haría referencia al que ejerce el derecho de acceso -al que está solicitando la grabación para averiguar el que ha dañado su vehículo -, sino a un tercero, y por tanto, tampoco sería exigible por encontrarnos en el segundo límite.
En consecuencia, la empresa responsable de las videograbaciones no está obligada siquiera a exhibirnos en un monitor esas grabaciones. Pero aun podemos llegar más lejos, porque de hacerlo, la empresa podría estar incurriendo en responsabilidad por infracción del artículo 11 LOPD al considerarse una cesión ilícita de datos personales: la empresa está cediendo datos personales (matrícula, imagen del conductor, etc) a un tercero sin el debido consentimiento, por lo tanto, y en virtud del régimen sancionador de la LOPD, podría calificarse como muy grave la infracción cometida por la empresa, cuya multa oscilaría entre los 300.000 y los 600.000 euros.
Para finalizar, e ilustrar este texto, adjunto una Resolución de la AEPD donde se desestima la tutela a un particular que solicitaba el derecho de acceso a la grabación realizada por una cámara de videovigilancia instalada en un aparcamiento de Sociedad Estatal De Correos Y Telégrafos, S.A., para poder determinar quien había dañado su motocicleta.
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